La falla fatal en las operaciones de rescate de la Patrulla Fronteriza

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Los dos chicos guatemaltecos se acurrucaron bajo una manta negra brillante que reflejaba la luz de la luna. Era su primera noche solos. Su único vínculo con la familia era un teléfono celular, así que le enviaron un mensaje de texto a su tío, Carlos D.L., en California: “Tío conteste, nos dejaron tirados”.

Nueve noches antes, alrededor de las 3 a.m., los chicos habían cruzado la frontera entre México y Estados Unidos en Sonoyta junto a otras 15 personas y un traficante. Caminaron por el desierto de Sonora, subiendo y bajando colinas accidentadas y arroyos secos, con ajo frotado en sus zapatos para repeler a las serpientes. J.G., quien tenía 18 años en ese momento y su primo de 20 años, K.G., llevaban mochilas de 50 libras llenas de cecina, sopas de fideos Maruchan, bebidas energéticas y las camisetas del equipo de fútbol Paris Saint-Germain que habían comprado en México. Las cuatro botellas de agua de un galón que colgaban de la mochila de J.G. se estrellaban contra su cuerpo a cada paso.

El grupo descansó a la sombra de saguaros y mezquites por cortos plazos, escondiéndose de los drones de vigilancia de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. Sus ropas sucias y de colores apagados ofrecían camuflaje, pero no podían esconderse de las cámaras infrarrojas de los drones. Era octubre y las temperaturas subían por encima de los 90 grados Fahrenheit durante el día y bajaban a los 50 grados por la noche. Caminaron sin parar, descansando tan solo una hora por vez hasta llegar a su destino: un lugar cerca de una carretera donde un contacto del traficante podría recogerlos. El traficante les dio píldoras estimulantes para que siguieran adelante.

Al sexto día, sus pies estaban rasguñados, en carne viva, sangrientos y con ampollas. Al séptimo día, se quedaron sin agua. Algunos estaban tan sedientos que bebieron su propia orina. Ese día, mientras escalaban una montaña, escucharon lo que sonaban como aullidos de animales. Trataron de escaparse pero las rocas bajo los pies de J.G. cedieron y él resbaló. Su mano golpeó un cactus y su tobillo se torció. Trató de superar el dolor, pero al día siguiente, ya no quedaban píldoras y su cuerpo ya no le daba para más. Al noveno día, J.G. comenzó a vomitar. Sin agua y sin poder dormir, colapsó.

El traficante les dijo a los chicos que descansaran. Señaló una montaña a lo lejos: ése era el punto de recogida, dijo, y siguió adelante con los otros. La imagen de la montaña quedó grabada en la mente delirante de J.G. Eventualmente, los primos se levantaron, avanzando lentamente y adoloridos hacia la colina. Cuando encontraron huellas de neumáticos, se detuvieron, confundidos. ¿Acaso era ese su destino? No podía ser; el guía les había dicho que les tomaría otros dos días. Pero de todos modos acamparon esa noche con la esperanza de que quien dejó las huellas regresara pronto. 

Desde ese momento, cada vez que los drones zumbaban sobre sus cabezas, intentaban hacerles señas. Al caer la noche, encendieron un fuego que esperaban que fuera visible desde lejos. Ya no intentaban esconderse.

En la madrugada del 18 de octubre, los chicos llamaron a su tío. Más tarde le enviaron un mensaje de texto con una captura de pantalla de su ubicación en Google Maps. Eran las 8:47 a.m. y la batería de su teléfono estaba al 5%. Carlos les pidió llamar al 911. Para cuando lo hicieron, la batería estaba al 3%.

La frontera entre Estados Unidos y México es la ruta terrestre más mortal del mundo para los migrantes, según la Organización Internacional para las Migraciones. Miles de personas que intentan cruzarla se pierden, se lesionan o enferman y tienen que llamar al 911 para pedir ayuda. Durante más de una década, las autoridades locales de las ciudades fronterizas de Estados Unidos han dirigido las llamadas de personas perdidas hispanohablantes a la Patrulla Fronteriza, la subagencia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) la cual persigue y arresta a los que cruzan la frontera. El Programa de Migrantes Desaparecidos de la agencia es la principal respuesta del gobierno federal al número de muertes de migrantes, el cual ha ido subiendo durante 20 años. Entre 2014 y 2023, casi el 60% de las muertes de migrantes en las Américas ocurrieron en la región fronteriza entre Estados Unidos y México, superando de lejos el número de víctimas en las aguas del Caribe y las selvas del Tapón del Darién.

El Programa de Migrantes Desaparecidos tiene como objetivo minimizar el número de muertes mediante varias medidas, colocando carteles que aconsejan a los migrantes que llamen al 911, facilitando los intentos de rescate y, cuando sea necesario, recuperando los restos. La Patrulla Fronteriza ha dicho tener éxito y, en 2023, el Congreso amplió la financiación del programa con apoyo bipartidista. Se destinó dinero para “faros de rescate”: torres equipadas con reflectores, luces azules, cámaras de detección de movimiento y un botón de ayuda para migrantes. La agencia solicitó aproximadamente la misma cantidad para el año fiscal 2025, diciendo que los fondos eran necesarios para más faros así como para “capacitación, equipo de protección personal, viajes y suministros”.

Muchos funcionarios locales y residentes creen que la Patrulla Fronteriza debería tener la responsabilidad principal por los rescates y la recuperación de migrantes. La agencia forma parte de CBP, la que a su vez es parte del Departamento de Seguridad Nacional, con recursos muchas veces mayores que los de los equipos de emergencia locales y de organizaciones sin fines de lucro. Pero varios trabajadores humanitarios e investigadores fronterizos ven un conflicto de intereses entre el mandato principal de la agencia de detener y deportar a los migrantes, y el objetivo humanitario de salvar sus vidas. Tanto críticos externos como agentes de la Patrulla Fronteriza misma reconocen que los dos objetivos están entrelazados, pero sólo los primeros lo ven como un problema.

Type Investigations y High Country News analizaron la complicada relación que existe entre las operaciones policiales y de rescate de la Patrulla Fronteriza, utilizando documentos internos, registros de datos, informes del Congreso, relatos de migrantes y el testimonio de los agentes. Estos registros revelan cómo la tenaz persecución de migrantes por parte de la agencia puede aumentar el peligro para esos mismos migrantes, lo que ocasionalmente termina en tragedia. Los migrantes se ahogan o caen de los acantilados; mueren en accidentes automovilísticos y por el uso directo de fuerza por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza. Si bien la agencia parece recoger vivos a miles de migrantes que llaman, esos rescates a menudo terminan en arrestos y deportaciones. Hasta ahora, ha habido poca rendición de cuentas por los fracasos del programa, mientras que los datos muestran que cientos de migrantes que buscan ayuda caen en el olvido y nunca se les vuelve a ver.

J.G. y su primo le dijeron a la operadora del 911 que querían hablar con alguien que hablara español. Eventualmente fueron transferidos a un agente de la Patrulla Fronteriza en el Centro de Coordinación Aérea de Arizona, o A2C2, una sala de control en la sede de la agencia en el Sector Tucson y la base de su Programa de Migrantes Desaparecidos. Considerado un modelo para los sectores de la Patrulla Fronteriza en todo el suroeste, este estadio de alta tecnología cuesta millones. Vertiginosos mapas digitales del sur de Arizona se expanden por tres paredes. En el grande del centro, pequeños puntos blancos parpadeantes representan a todos los agentes fronterizos en el campo. Los puntos azules indican aeronaves aéreas y marinas, y los camiones de vigilancia móvil aparecen como pequeños rectángulos. Debajo de todos estos puntos de datos se encuentran las montañas Baboquivari, sagradas para el pueblo Tohono O’odham, cuyas tierras al norte de la frontera se extienden por los condados de Pima, Maricopa y Pinal.

Los muchachos fueron interrogados: cuántas personas había, si alguien estaba herido o enfermo, dijo J.G. Luego la línea se quedó en silencio. Finalmente, el agente les dijo que esperaran: alguien vendría a buscarlos en media hora. Apenas 10 minutos después los chicos vieron un automóvil a lo lejos, un vehículo verde y blanco con un logotipo que reconocieron a la cálida luz del día como el de la Patrulla Fronteriza. La ventana del conductor estaba bajada. Lo dejaron todo y corrieron detrás del coche, saludando, pero él no se detuvo. Frustrados, le lanzaron piedras. Una de ellos lo impactó, pero el coche siguió su camino.

Carlos había perdido el contacto con sus sobrinos después de que le enviaran mensajes de texto esa mañana. Llamó a su abogado de inmigración y se conectó con el consulado guatemalteco y con Mario Agundez, un agente de la Patrulla Fronteriza de Arizona que fue fundamental para las operaciones de rescate de la agencia. Tener estas líneas directas de comunicación significó que Carlos estaba en una situación mucho mejor que la mayoría de las familias migrantes con seres queridos desaparecidos o heridos.

Durante sus más de 20 años como agente de la Patrulla Fronteriza, Agundez, quien se jubiló a fines de 2023, a menudo recibía llamadas desesperadas de familiares de migrantes desaparecidos. Los agentes dicen que la privacidad y temas de seguridad generalmente impiden que los agentes proporcionen información directa sobre las operaciones de rescate a civiles, por lo que aconsejan a las familias que hablen con sus consulados. Pero Carlos y su esposa no recibían mucha claridad por parte del consulado. “Era un desastre, así que le dije a la familia: ‘Confíen en mí. Déjenme ayudarlos a armar esto'”, dijo Agundez. Asi que transmitió los detalles de la ubicación que recibió por parte de la familia y consultó luego con sus colegas.

Las muertes de migrantes fueron personales para Agundez, incluso antes de que se convirtiera en agente. En 1998, el primo de su entonces esposa murió al cruzar la frontera. Agundez salió de México a los 17 años y dos años después se unió al recién formado equipo de búsqueda, trauma y rescate de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (BORSTAR, por sus siglas en inglés), un subconjunto de agentes con habilidades especializadas en respuesta a emergencias. Agundez, quien siente que su propio origen inmigrante le ayuda a entender por qué los migrantes arriesgan sus vidas para cruzar, diseñó el Programa de Migrantes Desaparecidos en 2017, convirtiéndolo en la última versión del programa de rescate que comenzó en 1998. “¿Por qué están asumiendo ese riesgo? Mucha gente quiere el sueño americano”, dijo. “Estoy tratando de luchar por mi sueño americano despertando a otros de su peor pesadilla” a través de su iniciativa de rescate.

Todo comenzó en 2004 en el sur de Arizona, cuando su jefe le entregó un teléfono celular y le dijo que atendiera las llamadas al 911 de los condados circundantes, un trabajo que le dió el apodo de “Sr. 911″ en las noticias locales. En 2015, Agundez transfirió la responsabilidad de trabajar los teléfonos a un pequeño equipo de funcionarios fronterizos y comenzó a diseñar el plan de estudios de capacitación y los protocolos para el Programa de Migrantes Desaparecidos. No fue fácil conseguir que otros agentes se sumaran. De acuerdo a Agundez muchos de sus colegas decían, “’Bueno, si no te estás muriendo, ¿por qué llamas al 911? Eres un renunciante más y estás saturando al servicio 911’”.

A través del Programa de Migrantes Desaparecidos, Agundez buscó centralizar las operaciones de rescate y mejorar el flujo de información en la cadena de mando. Persuadió a sus colegas reacios señalando que un programa de rescate sistemático podría generar beneficios para las fuerzas del orden: los migrantes rescatados podrían proporcionar información de primera mano sobre los traficantes, por ejemplo, lo que podría usarse para capturar y enjuiciar a los cárteles detrás de la operación. Cuanto “más rápido podamos responder y abordar ese problema de seguridad fronteriza salvando vidas, más rápido podremos volver a la seguridad fronteriza”, dijo Agundez.

Los objetivos de aplicación de la ley han estado integrados en el sistema de rescate de CBP desde un principio. Hoy en día, el programa no existe como un departamento independiente con personal permanente y dedicado, sino más bien como un sistema tripulado por un conjunto rotativo de agentes que destila información de las llamadas al 911, familiares, consulados y grupos de voluntarios quienes lo llevan a otras estaciones. El principal desafío, aparte del terreno accidentado, el clima impredecible y la señal de teléfono irregular, es que los traficantes están utilizando deliberadamente senderos en áreas desoladas y montañosas para “evitar la detección e intercepción”, según una hoja informativa de la agencia. Ahí es donde los mapas de alta tecnología y las herramientas de vigilancia de A2C2 resultan útiles. “Todos estos recursos tienen como misión la seguridad fronteriza”, dijo John Mennell, portavoz de la agencia. “Pero más de 4.000 agentes, nuestros activos aéreos, marinos y de otro tipo, pueden sacar a alguien de la montaña Baboquivari en un abrir y cerrar de ojos”.

Cuando reciben una llamada, los agentes primero revisan las bases de datos de arrestos y detenciones de CBP en caso de que el migrante desaparecido ya esté bajo custodia. Cuando los propios migrantes llaman, a menudo tienen miedo de dar sus nombres y descripciones reales por temor a la Patrulla Fronteriza. “Se nos conoce como El Coco”, dijo el agente Daniel Hernández. “Tenemos un mito que nos sigue, para bien o para mal”.

Si la base de datos no produce un resultado, los agentes en A2C2 indican la urgencia de la solicitud y mandan los detalles a la estación local de CBP. Si los funcionarios de la estación envían a alguien, generalmente es un agente que ya está en el campo. Los agentes de BORSTAR especialmente entrenados, que en los videos de prensa se ven a menudo tratando a los migrantes con vías intravenosas en el campo o cayendo desde helicópteros para rescatar a personas, son llamados en un pequeño subconjunto de casos según los registros internos de CBP de 2021.

“Se nos conoce como El Coco. Tenemos un mito que nos sigue, para bien o para mal”.

Una base de datos de llamadas A2C2 al 911 desde octubre de 2021 hasta septiembre de 2022, obtenida a través de una solicitud de registros públicos, proporciona una ventana nunca antes vista sobre cómo la agencia maneja las llamadas de socorro en su sector de Tucson. De las alrededor de 3,000 llamadas que se recibieron ese año, más del 80% se clasificaron inicialmente como “aplicación de la ley de rutina”, lo que significa que los agentes determinaron que las personas que llamaban no se empeorarían ni requerirían ayuda para salvar sus vidas dentro de las próximas 24 horas. (Las llamadas permanecen activas en el mapa durante 24 horas). Una proporción similar de alrededor de 87% de los casos fueron etiquetados como “rendidos” debido al resultado final. Al igual que los “renunciados”, el término se usa para los migrantes exhaustos que no pueden seguir adelante. Estos migrantes están, según Mennell, “buscando ese viaje en un Uber 911” hasta la celda de procesamiento. Pero alrededor del 5% de las llamadas fueron categorizadas de “socorro” o “alerta” de alta prioridad por los agentes A2C2, lo que significa que la persona que llamó podría haberse deteriorado rápidamente o incluso podría morir si no recibía ayuda.

Agundez admite que los agentes de la Patrulla Fronteriza no están capacitados como despachadores médicos, por lo que podrían estar “minimizando la naturaleza” de algunas de las llamadas. Aun así, cree que estos números muestran el éxito del programa. “Cuantos más ‘abandonos’, menos emergencias verdaderas y menos hospitalizaciones, lo que muestra que el sistema de comunicación de llamadas al 911 funciona para nosotros y funciona para los migrantes”, dijo. El hecho de que los rescates y las detenciones coincidan no es un error, sino una característica del sistema para los agentes. “Sí, perseguimos a nuestros propios pacientes”, dijo Agundez. “Con suerte, llegamos a ellos con vida”.

De las 3.000 llamadas de emergencia en 2022, 38 (1,2%) se clasificaron como emergencias médicas y solo seis parecen haber desencadenado una expedición de búsqueda y rescate. Otras 299 personas en la región de Tucson que fueron redirigidas al A2C2 ese año nunca fueron encontradas; 180 de ellas se consideraron inicialmente “rutinarias” o de baja prioridad. En al menos un tercio de estos casos, la agencia tenía coordenadas algo precisas para la persona que llamaba.

Para Parker Deighan, voluntaria de No Más Muertes desde hace mucho tiempo, el hecho de que 300 migrantes desaparecidos (casi el doble del número de muertes de migrantes registradas en Arizona ese año) no fueran encontrados después de llamar al 911 “realmente muestra el completo fracaso de la Patrulla Fronteriza para tratar estas llamadas como verdaderas emergencias”. Las personas que eligen cruzar tienen razones urgentes, dijo Deighan, y no “se rinden” a menos que se vean obligadas a hacerlo por temor genuino por sus vidas. “Muestra cómo la deshumanización inherente a la aplicación de la ley en la frontera realmente hace imposible a que la Patrulla Fronteriza sea un rescatista efectivo”, agregó.

La forma en que estas llamadas al 911 se canalizan a los agentes puede que viole los estándares internacionales establecidos en el Manual de Emergencia de la Agencia de la ONU para los Refugiados, el cual requiere que los actores humanitarios no estén “sujetos a control, subordinación o influencia por objetivos políticos, económicos, militares u otros objetivos no humanitarios”. El mandato de aplicación de la ley de la Patrulla Fronteriza se dirige al mismo grupo que pretende rescatar, “por lo que, en nombre de la seguridad, muchos derechos humanos se dejan de lado”, dijo Ieva Jusionyte, antropóloga de la Universidad de Brown y ex-socorrista quien investiga los servicios de emergencia y la violencia a lo largo de la frontera. “Uno de esos derechos es recibir atención médica… y el derecho a que esa atención no dependa de que el migrante también se detenga, arreste o se deporte”.

La maquinaria de rescate otorga discreción sustancial a una agencia que grupos de derechos humanos han criticado por tener una cultura de desprecio hacia los migrantes. Una investigación del Huffington Post descubrió recientemente que los agentes utilizaron insultos antiinmigrantes, incluyendo uno, “tonk”, supuestamente llamado así por el sonido que hace una linterna cuando se estrella contra la cabeza de alguien. Algunos incluso bromearon sobre matar a niños migrantes. En el pasado, la agencia no ha responsabilizado a agentes cuando los abusos salen a la luz, de acuerdo a un informe de 2021 publicado por el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes.

Todo esto, combinado con la historia de la Patrulla Fronteriza y la forma en que tradicionalmente ha operado en el suroeste, debería descalificarla para realizar búsquedas humanitarias, dijo el abogado Angelo Guisado del Centro de Derechos Constitucionales, quien representa a No Más Muertes en litigios que buscan los registros internos de CBP sobre sus operaciones de emergencia. “Si creen que todo se parece a un clavo, van a usar un martillo, ¿verdad?”

El 18 de octubre, Carlos y su esposa, Claudia L., condujeron hasta Arizona acompañados por tres amigos de la familia. “Tenía la ubicación y no iba a dejar a uno de mis familiares muriendo en el desierto”, dijo Carlos.

Agundez dijo que la llamada al 911 de los chicos no fue priorizada como urgente y que carecía de coordenadas muy precisas. Los agentes revisaron el área general desde la que habían llamado dos veces en las siguientes 18 horas, pero no los vieron. Agundez pensó que los chicos se habían mudado de su ubicación original.

“Así que eso es lo que hacen los agentes: se presentan en el área y miran un poco aquí y allá para ver si hay alguna señal, y dicen: ‘Se han ido'”, dijo Agundez. “Existen muchas variables. ¿Podrían los agentes haber desplegado toda la estación? ¿Suena operativo, o razonable?” Los agentes deben tomar decisiones de rescate teniendo en cuenta que su “primera y principal prioridad” es la seguridad fronteriza, especialmente dados los recursos limitados, agregó.

El presupuesto de la Patrulla Fronteriza se multiplicó por diez entre 1993 y 2021, ya que la agencia formalizó una estrategia de “prevención a través de la disuasión”. Esta política aumentó el número de personal a lo largo de las rutas tradicionales de tráfico de personas para que “el tráfico ilegal sea disuadido o forzado a través de terrenos más hostiles”, como lo explica el plan estratégico de la agencia de 1994. Según la lógica, cuanto mayor fuera la probabilidad de peligro mortal y mayores fueran las probabilidades de ser atrapado, más rápidamente disminuiría el número de cruces.

Esta política de disuasión es costosa: la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tiende a gastar más dinero por año que cualquier otra agencia federal de aplicación de orden público, reforzando constantemente sus barreras, mano de obra y gigantesco aparato de vigilancia.

Sin embargo, décadas después de que se implementara el plan, el número de cruces fronterizos sigue siendo alto a pesar de las fluctuaciones periódicas correspondientes a las tendencias estacionales, los cambios de política y las nuevas administraciones. Incluso las políticas de mano dura, como la prohibición fronteriza del presidente Donald Trump en 2020 durante la pandemia, terminan siendo contraproducentes. La política de Trump de no permitir que los migrantes soliciten asilo en los puertos de entrada incentivó los múltiples intentos de cruce a través de regiones remotas y más peligrosas.

Según Agundez, los aumentos en el personal, la tecnología, las patrullas militares, el alambre de concertina y los muros no detendrán a los traficantes. La única forma de detener los cruces y por extensión, las muertes de migrantes, es endurecer las consecuencias, dijo, haciendo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detenga y deporte a las familias.

La disuasión ha sustentado las políticas implementadas tanto por demócratas como por republicanos en Washington. El presidente Joe Biden, quien hizo campaña con la promesa de un enfoque más humano en la frontera, en muchos casos ha mantenido e incluso ampliado las políticas de su predecesor. En junio, Biden firmó su propia versión de una prohibición de asilo. El número de muertes de migrantes alcanzó un récord en 2022, con varias muertes reportadas como resultado de la persecución por parte de agentes fronterizos. Según los propios registros de la Patrulla Fronteriza, 171 migrantes murieron después de encuentros con agentes en 2022, ya sea porque ya estaban en peligro físico cuando los encontraron o porque se perdieron, enfermaron o resultaron heridos mientras eran perseguidos o arrestados. De estos, 28 migrantes murieron directamente como resultado de la persecución, a menudo en accidentes automovilísticos o debido al uso excesivo de la fuerza.

Mientras tanto, ha surgido un mosaico de grupos de voluntarios que dejan agua para los migrantes y realizan expediciones de búsqueda y ayudan a las familias migrantes a identificar los restos. Al menos un par de estos grupos dicen tener una buena relación de trabajo con la Patrulla Fronteriza. Algunos consideran que es necesario un cierto grado de cooperación, un medio para alcanzar un fin, ya que es la única manera de conseguir el acceso y los recursos. Otros, como No Más Muertes, han criticado explícitamente el papel de la Patrulla Fronteriza en el ámbito humanitario. Esta constelación de grupos, compuesta por estudiantes universitarios, veteranos, contratistas y otros civiles, trata de llenar el vacío en la demanda de ayuda humanitaria en la frontera, ayudando a aquellos que no pudieron, o no quisieron, comunicarse con la Patrulla Fronteriza, así como a aquellos que sí lo hicieron pero no encontraron la ayuda que necesitaban.   

Durante casi 15 años, la familia de Gloria Zazueta ha abierto su hogar en la Reserva Tohono O’odham a las familias de migrantes perdidos y a voluntarios locales o de otros estados. Han cocinado para grupos de búsqueda improvisados y los han refugiado con otros familiares en la reserva. Cuando encuentran cadáveres, los bendicen de acuerdo con las tradiciones Tohono, manchándolos con salvia para guiar sus espíritus.

Zazueta y su hija estaban en la mesa del comedor el 19 de octubre, descansando después de un largo día de trabajo, cuando sonó su teléfono: una mujer y dos compañeros se encontraban perdidos en el desierto, le dijo un trabajador humanitario. Era Claudia, la tía de los chicos desaparecidos, y sus amigos. Habían conducido lo más cerca que pudieron a la ubicación de los chicos en el mapa de Google y luego se dispusieron a buscarlos a pie. Por nueve horas, recorrieron el desierto. Cuando pasaron junto a los restos de un caballo, Claudia se dio cuenta de que estaban fuera de su elemento. Al caer la noche, llamaron al 911.

Zazueta ya había partido con linternas y agua cuando se enteró que el pequeño grupo estaba bajo custodia de la policía tribal, asi que llamó y se ofreció a hospedarlos para que pudieran quedarse en la reserva sin permiso oficial. “Esto es lo que hacemos”, dijo a los desconcertados agentes. “Ellos son familia de alguien, y les podemos ayudar”.

Zazueta se conmueve cuando recuerda su primer caso: una joven guatemalteca llamada Doraine. La familia de Zazueta se encontró con los parientes mayores de Doraine mientras colocaban panfletos de personas desaparecidas en Sells, dentro de la reserva. Después de enterarse de los hijos pequeños de Doraine, aceptaron ayudar. Desde el 6 de julio hasta fin de año, la familia de Zazueta, incluyendo su madre, quien ahora tiene 83 años, acompañó a sus invitados en expediciones de búsqueda que duraban todo el día. Algunos fines de semana los parientes de Doraine regresaban a California, conseguían más dinero para la gasolina y regresaban. La búsqueda los llevó a encontrar los restos de cinco personas, pero Doraine no estaba entre ellas. “Eso fue difícil, porque no podíamos ayudar a darles ese cierre”, dijo Zazueta. Después de ese año, corrió la voz. Grupos de ayuda y familias migrantes en el extranjero se pusieron en contacto con ella directamente, enviándole coordenadas, fotos, oraciones y capturas de pantalla.

Zazueta y su esposo, Arthur García, se muestran escépticos sobre el compromiso de los agentes fronterizos para encontrar a migrantes perdidos. “Es esa mentalidad de ‘dejaré que el próximo turno lo recoja'”, dijo. Había visto huellas de neumáticos que se alejaban de los cuerpos, dijo. “Resulta siendo solo más papeleo para ellos”.

García se desempeñó recientemente como monitor tribal para las torres de vigilancia que CBP erigió en la reserva, alrededor de 10 de ellas en un radio de 75 millas. Él y su esposa no ven por qué los agentes no pueden detener y procesar a los migrantes antes, en el muro fronterizo, dada toda su costosa tecnología de vigilancia, en lugar de dejarlos adentrarse tanto en el desierto y perseguiéndolos hasta la tierra de los Tohono.

La presencia de la Patrulla Fronteriza a menudo ha causado tensión en la reserva. García dijo que los agentes atraviesan los pastizales en sus vehículos, hieren al ganado, cortan cercas e interrumpen la caza. Recientemente, después de que los agentes dispararon a un miembro de la tribu en los escalones de su propia casa, el Departamento de Justicia se negó a presentar cargos contra los oficiales involucrados. (La familia del hombre asesinado presentó una demanda en 2024). Varios de los familiares de Zazueta han tenido al menos un encuentro con agentes que entraron a su jardín y asustaron a los niños o confiscaron un automóvil para revisar el tanque de combustible. García, quien es el líder de las redadas de ganado en su distrito tribal, tiene varias historias similares. Una vez, dijo, fue acusado de tener un altercado verbal con un agente, aunque el caso fue desestimado después de que completara un programa de desvío previo al juicio. En otra ocasión, lo esposaron y lo rociaron con gas pimienta frente a su entonces pequeña hija y su autobús escolar. La familia presentó una queja formal ante CBP por parte de la policía tribal. Incluso presentaron una demanda legal, pero el caso se vino abajo.

Las relaciones fueron particularmente tensas bajo la administración Trump, cuando miembros del grupo humanitario No Más Muertes fueron procesados por cargos relacionados con su trabajo humanitario. El caso de más alto perfil involucró a Scott Warren, un voluntario que fue arrestado poco después de que se publicaran videos que mostraban a agentes fronterizos derribando contenedores de agua que los trabajadores humanitarios habían dejado. Warren fue acusado de albergar a inmigrantes indocumentados y tuvo un par de juicios, pero finalmente fue absuelto.

En 2019, luego de varios informes que criticaban incidentes anteriores relacionados con el programa de rescate de la Patrulla Fronteriza, No More Deaths presentó una solicitud de registros públicos en busca de documentos sobre las políticas y prácticas de respuesta a emergencias de la agencia. Los cientos de documentos compartidos con HCN y Type incluyen informes de incidentes y comunicaciones internas sobre rescates a lo largo de la frontera que detallan cómo los migrantes se metieron en problemas o desaparecieron después de huir de los agentes fronterizos. En 2017, por ejemplo, agentes en Arizona “saltaron dos grupos” y detuvieron a dos personas. Uno de ellos escapó y huyó montaña arriba. “Se determinó que el riesgo de enviar agentes a la montaña por la noche superaba la recompensa de volver a detener potencialmente al sospechoso IA (illegal alien, o extranjero ilegal)”, señaló el informe. En otro incidente de 2019, se llamó a una unidad BORSTAR para ayudar a recuperar a un migrante que “se había fugado” y luego “quedó inconsciente” en la cima de una montaña en el sur de Arizona. 

La noche del 19 de octubre, Gloria Zazueta alojó a Claudia y a su grupo en la casa de su madre, a unas seis millas de la frontera en la Calle San Miguel. Esta solitaria vía conecta Sells, una ciudad no incorporada que es la capital de la Nación Tohono, con una puerta especial en la frontera entre Estados Unidos y México donde los miembros de la tribu pueden cruzar para ver a sus familiares y visitar sitios sagrados. (La Compra de Gadsden en 1853 dividió el territorio de los Tohono O’odham entre los Estados Unidos y México. La madre de Zazueta, quien ahora vive en Sells, nació al otro lado de la frontera, en México).

El grupo se duchó y intentó descansar. Por la mañana, estudiaron minuciosamente un gran mapa laminado de la Reserva Tohono O’odham, comparando el terreno en la captura de pantalla que los chicos enviaron con la topografía en el mapa. Cuando el hermano de Zazueta, Juan, llegó a recogerlos, el grupo señaló hacia las colinas que pensaron que podrían ser las mismas.

Juan había ayudado a su hermana desde 2015 con su “quad”, un vehículo todoterreno de cuatro ruedas. Su experiencia de vida le fue útil: cuando era más joven, trabajó como mula, contrabandeando marihuana entre Estados Unidos y México, delitos por los que cumplió casi 10 años de prisión. A diferencia de muchos de los agentes fronterizos reclutados en otros lugares, conocía el territorio íntimamente; era su patio trasero. (En 2023, comenzó a cumplir una nueva condena por un cargo de 2020 de transportar a un migrante).

Llevó al grupo por un camino de tierra que conducía a un pico que creyó reconocer en el mapa. Ya casi estaban allí cuando Claudia vislumbró un movimiento. “Detente, para, para”, le dijo a Juan. J.G., pálido pero vivo, salió a trompicones de debajo de un mezquite. La ubicación parecía coincidir con la captura de pantalla que los chicos habían enviado originalmente.

Juan Zazueta llamó a la policía tribal, la cual avisó a la Patrulla Fronteriza que los estaba esperando en una aldea cercana. J.G. estaba desorientado y mareado, por lo que los agentes lo revisaron y lo rehidrataron antes de llevárselo. Su primo había dejado a J.G. en busca de ayuda y cuando regresó a ese mismo lugar más tarde, vio las huellas de los neumáticos frescos y comenzó a seguirlas. Cuando finalmente vio un vehículo de la Patrulla Fronteriza, se arrojó sobre él. 

Su primo fue procesado y deportado a Mexico en pocas horas, mientras que J.G. fue llevado al Hospital St. Mary’s en Tucson.

Los agentes de campo que recogieron a J.G. no le dijeron a sus tíos a dónde lo llevaban, por lo que la familia recurrió nuevamente al consulado guatemalteco y a Agundez. El 21 de octubre, Agundez les envió un mensaje de texto, diciéndoles dónde estaban tratando a J.G. Más tarde, Carlos agradeció al agente por permitir que su esposa dejara algo de dinero y una muda de ropa para su sobrino. “Finalmente, algo hicimos bien”, respondió Agundez.

En el hospital, J.G. fue diagnosticado con acidosis metabólica probablemente causada por una deshidratación severa. Después de que fue dado de alta el 22 de octubre, un agente amigable lo sacó en silla de ruedas, y le preguntó a J.G. qué quería estudiar. Criminología, dijo J.G. Una vez que llegaron al centro de procesamiento, el oficial dejó a J.G. con un colega. No había nada más que pudiera hacer, le dijo el oficial. Fue en ese momento que J.G. se dio cuenta de que no podría quedarse en los Estados Unidos.

El agente que se hizo cargo del caso de J.G. le presentó una elección sombría: J.G. podía irse a México de inmediato, o podía pasar un mes en una instalación de ICE, esperando un vuelo a Guatemala. J.G. eligió la primera opción.

Fue el resultado inevitable de llamar al 911, la opción que él y su primo habían esperado poder evitar. Esa llamada “fue realmente nuestra última opción de sobrevivencia”, dijo. “Pero no nos ayudaron. Fueron mis tíos los que movieron cielo y tierra para encontrarnos”.

J.G. abordó un autobús con otros migrantes que estaban siendo dejados en México ese día. Le habían quitado su camisa y sus zapatos durante todo el viaje a través de la frontera. Sintió que lo llevaban a la cárcel.